Tijuana, B.C. —
Las denuncias sobre presuntas irregularidades en algunos corralones de Tijuana continúan creciendo y ya no sólo son señalamientos aislados de ciudadanos afectados. Diversos medios de comunicación, así como este medio, han venido exhibiendo una serie de prácticas que apuntan a posibles abusos, cobros excesivos y manejos poco transparentes en el resguardo y liberación de vehículos.
Propietarios de automóviles aseguran que recuperar sus unidades se ha convertido en un verdadero calvario, enfrentando tarifas elevadas, trámites poco claros y un sistema que, según denuncian, opera con total impunidad.
El escándalo ha comenzado a escalar, pues los señalamientos ya no sólo apuntan a las empresas que operan los corralones, sino también a la posible omisión o falta de acción por parte de autoridades municipales encargadas de vigilar estas operaciones.
En distintas denuncias públicas se menciona incluso a la Sindicatura y a la Contraloría Municipal de Tijuana, instancias que deberían garantizar la transparencia y supervisión del actuar de funcionarios y concesionarios. Sin embargo, hasta ahora —afirman los denunciantes— no se ha visto una intervención firme que ponga freno a estas presuntas irregularidades.
Mientras tanto, ciudadanos afectados exigen investigaciones serias, auditorías y sanciones para quienes resulten responsables, pues aseguran que el negocio de los corralones se ha convertido en un sistema que golpea directamente la economía de los tijuanenses.