Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, comparecerá el próximo 1 de junio ante la jueza federal Katherine Polk Failla en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dentro del proceso judicial que involucra a funcionarios sinaloenses presuntamente vinculados con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
La fecha fue confirmada el 29 de mayo luego de una solicitud presentada por la fiscalía federal de Estados Unidos, encabezada por el fiscal Jay Clayton. La información fue dada a conocer a través de documentos judiciales difundidos por el periodista especializado en seguridad Arturo Ángel.
Mérida Sánchez, de 66 años de edad, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo al cruzar por la garita de Nogales, Arizona. Con ello, se convirtió en el primero de los diez funcionarios señalados en la acusación en presentarse ante la justicia estadounidense.
Desde entonces permanece bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.
De acuerdo con los documentos del caso, el pasado 15 de mayo el exfuncionario compareció ante la jueza federal Sarah Netburn para su presentación y arraigo formal dentro de la acusación identificada como S9 23 Cr. 180. Durante esa audiencia aceptó permanecer detenido mientras avanza el proceso judicial.
Asimismo, la fiscalía solicitó excluir temporalmente el cómputo de tiempo establecido por la Speedy Trial Act, una petición que fue respaldada por la defensa y posteriormente autorizada por la jueza Katherine Polk Failla. La medida tiene como propósito permitir conversaciones y preparativos previos a un eventual juicio.
La próxima audiencia está programada para realizarse a las 12:00 horas en la Sala 618 del Tribunal Thurgood Marshall, ubicado en 40 Foley Square, en Manhattan.
La Speedy Trial Act es una legislación federal de Estados Unidos que garantiza que una persona acusada sea llevada a juicio en un plazo determinado, generalmente no mayor a 70 días después de su acusación formal o primera comparecencia. Sin embargo, la ley contempla excepciones que permiten suspender temporalmente ese conteo cuando ambas partes requieren tiempo adicional para preparar su estrategia legal o explorar posibles acuerdos.
La acusación presentada por la fiscalía estadounidense señala que diversos funcionarios del gobierno de Sinaloa habrían mantenido presuntos vínculos con Los Chapitos. Entre los señalados se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, quien, según el documento judicial, habría sostenido reuniones con integrantes de esa organización criminal antes de las elecciones de 2021.
En ese contexto, Gerardo Mérida Sánchez fue designado como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa en septiembre de 2023. La fiscalía sostiene que durante 2023 y 2024 presuntamente recibió pagos mensuales superiores a los 100 mil dólares en efectivo por parte de Los Chapitos.
A cambio, según la acusación, habría evitado acciones contra integrantes de dicha organización, alertado sobre operativos en laboratorios clandestinos y facilitado el tránsito de cargamentos de drogas por territorio sinaloense. Las autoridades estadounidenses aseguran que estos avisos permitieron a la organización criminal retirar personal, narcóticos y equipo antes de las intervenciones oficiales.
Aunque las acusaciones forman parte del expediente presentado por la fiscalía y deberán ser acreditadas durante el proceso judicial, analistas consideran que la entrega voluntaria de Mérida Sánchez y la suspensión consensuada de los plazos procesales podrían abrir la posibilidad de una cooperación con las autoridades estadounidenses.
De concretarse, su testimonio podría adquirir relevancia dentro de las investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción y protección al crimen organizado en Sinaloa, particularmente en los casos que aún involucran a otros funcionarios señalados en la misma causa judicial.
