Tijuana, Baja California. — Nuevos señalamientos por presunta corrupción sacuden nuevamente al Poder Judicial de Baja California, donde abogados litigantes y ciudadanos afectados denuncian una supuesta red de privilegios, favoritismos y posibles actos de cohecho dentro de diversos juzgados civiles de Tijuana.
Las acusaciones vuelven a apuntar directamente hacia el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alejandro Isaac Fragoso López, a quien inconformes señalan de presuntamente mantenerse omiso ante denuncias públicas que desde hace meses circulan en redes sociales y entre sectores jurídicos de la ciudad.
De acuerdo con las versiones difundidas por denunciantes y litigantes, dentro de algunos juzgados civiles existiría una estructura de presuntas complicidades donde ciertos abogados recibirían trato preferencial y resoluciones favorables gracias a relaciones cercanas con jueces y funcionarios judiciales.
Entre los nombres mencionados en las acusaciones aparece la litigante Marisela Lluasas Félix, quien presuntamente mantendría vínculos privilegiados con jueces civiles y personal del Poder Judicial. Según denunciantes, la abogada supuestamente organiza convivios, posadas y reuniones privadas para funcionarios judiciales, donde —afirman— existirían regalos, beneficios económicos y presuntos favores destinados a influir en resoluciones judiciales.
Los señalamientos también alcanzan nuevamente al titular del Juzgado Segundo Civil de Tijuana, José Manuel Castro Valenzuela, quien ha sido mencionado por litigantes inconformes en diversos señalamientos relacionados con presuntas irregularidades en procedimientos civiles y resoluciones judiciales.
Asimismo, vuelve a surgir el nombre del juez Pedro Galaz, señalado por denunciantes de supuestamente favorecer intereses relacionados con conflictos inmobiliarios y litigios de prescripción positiva, donde presuntamente se habrían visto afectadas familias y propietarios legítimos de terrenos y predios.
Dentro de las denuncias también se menciona al abogado Tomás Ponce de León, quien —según versiones de inconformes— presuntamente mantendría cercanía con integrantes del Poder Judicial a través de actividades académicas y relaciones profesionales, situación que, afirman, le habría permitido obtener presuntos privilegios dentro de distintos juzgados civiles y familiares.
Los denunciantes sostienen que el problema ya no sería un hecho aislado, sino una supuesta red de influencias donde abogados con relaciones cercanas y capacidad económica obtendrían ventajas indebidas dentro de procesos judiciales, mientras otros litigantes enfrentan retrasos, obstáculos y resoluciones desfavorables.
Ante la gravedad de los señalamientos, abogados y ciudadanos afectados exigen la intervención inmediata de órganos anticorrupción, fiscalías y autoridades federales para investigar posibles actos ilícitos dentro del sistema judicial de Baja California.
Hasta el momento, ni el Tribunal Superior de Justicia del Estado ni los funcionarios señalados han emitido un posicionamiento oficial respecto a las acusaciones difundidas públicamente
