Tijuana, B.C. — Grúas Castro, empresa que opera bajo concesión del Ayuntamiento de Tijuana, está envuelta en un escándalo de irregularidades, corrupción y posibles delitos, mientras autoridades municipales y estatales guardan silencio ante una operación que cada día genera más denuncias ciudadanas pero mucho dinero despojado a la ciudadanía.
Vecinos de la Delegación San Antonio de los Buenos han denunciado que la empresa invadió un área verde que debía servir como espacio comunitario, para usarla como un patio de almacenamiento de vehículos. Este sitio —ya sancionado con multas previas por uso irregular— genera derrames de combustible, residuos de aceite y contaminación constante, a unos metros de un centro escolar, lo que pone en riesgo directo la salud de estudiantes y familias.
Pero el abuso no termina ahí. Se rumora que el corralón definitivo donde Grúas Castro desmantela vehículos se encuentra en territorio del municipio de Rosarito, lo que representa una grave inconsistencia, ya que la concesión fue otorgada por el Ayuntamiento de Tijuana. De confirmarse, estarían operando fuera de jurisdicción, lo cual sería ilegal y motivo suficiente para revocar el permiso.
En dicho predio, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, ciudadanos han acudido a recuperar sus vehículos y se han encontrado con que les faltan partes como llantas, parrillas, radiadores y otros componentes, lo que revela un esquema sistemático de saqueo. Incluso hay reportes de vehículos robados almacenados sin justificación, así como autos completamente destruidos tras ser remolcados en presuntos operativos policiales.
La dirección oficial de la concesión figura en un taller frente al predio invadido, lo cual agrava las irregularidades administrativas de una empresa que opera sin supervisión real y con total descaro. Empleados y operadores presumen con cinismo que “ningún gobierno los toca”, sin importar los cambios de administración.
¿Quién les permite operar fuera de su concesión? ¿Cómo es posible que invadan un área verde y nadie actúe? ¿Qué intereses protegen a Grúas Castro mientras la ciudadanía paga los platos rotos —literalmente— con sus vehículos, su salud y su entorno?
Es momento de que el Ayuntamiento de Tijuana y el Gobierno del Estado respondan, investiguen y, si corresponde, revoquen esta concesión que se ha convertido en una estructura de abuso legalizada.