Tijuana, Baja California.— A pesar de múltiples denuncias ciudadanas y escándalos recientes ligados a su dirigencia, los taxis de ruta dorado con negro, encabezados por Ramón Torres, presidente de la Asociación de Permisionarios y Trabajadores del Volante de Tijuana (APTV), continúan operando con irregularidades que afectan diariamente a cientos de usuarios.
Se estima que alrededor de 100 unidades forman parte de esta agrupación, principalmente en el sitio ubicado entre la calle Tercera y Negrete, uno de los puntos de mayor demanda de transporte para trabajadores que buscan regresar a la Zona Este de la ciudad. Sin embargo, lejos de ofrecer un servicio digno, los reportes de usuarios señalan una larga lista de deficiencias: cobros excesivos, accidentes en los que los choferes evaden su responsabilidad, maltrato hacia los pasajeros y tarifas aplicadas sin regulación alguna.
Durante las tardes, cuando la oferta de unidades disminuye y la necesidad de transporte se incrementa, los operadores aprovechan para cobrar hasta 50 pesos por persona, pese a que no cuentan con la autorización oficial para establecer esas tarifas. El abuso se normaliza en un entorno donde la falta de alternativas deja a los ciudadanos sin otra opción.
Al igual que otras líneas como Altisa, los taxis dorado con negro han estado involucrados en infinidad de accidentes de tránsito, sin que existan consecuencias legales o administrativas serias. Debido al poder económico y político que Ramón Torres ha acumulado durante años, estas irregularidades han sido toleradas, y su agrupación ha operado con impunidad a lo largo de distintas administraciones municipales.
Cabe recordar que en gestiones pasadas, Ramón Torres era señalado como el “rey de los permisos clonados” de taxis en Tijuana, controlando una red de unidades que circulaban de manera irregular, muchas veces sin regulación, afectando a transportistas formales y a los propios usuarios.
Este panorama de corrupción se agudiza tras el reciente escándalo que involucra a Héctor Torres, hijo del dirigente transportista. Héctor, quien se desempeñaba como juez municipal, fue grabado mientras solicitaba un soborno de 2,000 pesos a un ciudadano para eliminarle una multa de tránsito. La evidencia provocó su destitución inmediata por parte del actual Ayuntamiento de Tijuana y su exposición pública en medios locales, dejando en entredicho los valores éticos del entorno cercano a Ramón Torres.
Mientras tanto, la operación de los taxis dorado con negro permanece intacta, a pesar de las constantes denuncias. La ciudadanía, vulnerable ante la falta de transporte adecuado, sigue siendo víctima de un sistema que parece privilegiar los intereses de unos cuantos por encima del servicio público y la legalidad.
Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna acción contundente por parte de las autoridades municipales para regularizar a fondo esta situación, alimentando la percepción de que el sector transporte en Tijuana continúa bajo el dominio de intereses particulares que operan sin control.
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