Altisa: el cáncer del transporte público en Tijuana que sigue impune en 2025

Tijuana, Baja California. – Mientras la ciudadanía sufre a diario los estragos de un sistema de transporte deficiente, la empresa Altisa sigue operando en Tijuana con total impunidad. A pesar de los innumerables accidentes, denuncias de choferes drogados y una evidente falta de capacitación entre su personal, las autoridades municipales y estatales han permitido que esta empresa continúe lucrando a costa de la seguridad de la población.

Choferes imprudentes, accidentes constantes y falta de capacitación

De acuerdo con usuarios, es cotidiano ver unidades de Altisa involucradas en choques, maniobrando temerariamente y violando el reglamento de tránsito sin consecuencia alguna. No solo manejan a exceso de velocidad y sin respetar los señalamientos viales, sino que muchos ciudadanos aseguran —basados en el comportamiento errático de los conductores— que los choferes parecen trabajar bajo el influjo de sustancias prohibidas.

La falta de capacitación es otro problema grave: muchos operadores no cuentan con la preparación mínima para manejar unidades de transporte público, poniendo en riesgo diario a decenas de personas. Las denuncias se acumulan, los incidentes son públicos, pero ni la Dirección de Transporte Municipal ni el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (IMOS) han hecho algo que verdaderamente corrija esta situación.

Accidentes documentados: Altisa, una amenaza constante

Uno de los casos más recientes que evidencia la gravedad del problema ocurrió en febrero de 2025, cuando un autobús de Altisa volcó en la colonia Lomas de San Martín, dejando como saldo 14 personas heridas y una mujer fallecida.
El conductor, responsable directo de este hecho, fue vinculado a proceso por homicidio culposo; sin embargo, la empresa Altisa no enfrentó ningún cargo penal.

Este lamentable accidente no es un caso aislado. Tan solo en los primeros meses de 2025, en Tijuana se han contabilizado al menos 17 denuncias formales relacionadas con accidentes provocados por unidades de transporte público, muchas de ellas atribuidas a Altisa.

Autoridades omisas, ciudadanos abandonados

Pese a los múltiples señalamientos y los accidentes que ya han cobrado vidas, Altisa sigue blindada por la indiferencia —o peor aún, la complicidad— de las autoridades. Cada choque, cada imprudencia, cada denuncia ignorada refleja el nivel de corrupción y colusión que impera en torno a esta empresa.

En recientes declaraciones, funcionarios locales prometieron crear un “padrón de choferes irresponsables” para sancionar a los operadores. Sin embargo, en pleno 2025, todo sigue igual o peor. No existen sanciones visibles y Altisa sigue circulando como si las leyes no aplicaran para ellos.

¿Hasta cuándo?

La ciudadanía exige que las autoridades rompan su silencio cómplice y actúen. No bastan las promesas ni las declaraciones tibias: se necesitan sanciones reales, revocaciones de permisos y operativos constantes. De lo contrario, cada accidente que ocurra será también responsabilidad de quienes, por omisión o corrupción, permiten que Altisa siga operando.

Porque en Tijuana, el verdadero enemigo no solo es un chofer imprudente…
es un sistema podrido que permite que Altisa siga poniendo en peligro la vida de miles de personas.

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