En redes sociales circula una grave denuncia contra altos mandos de la Policía Comercial en en Tijuana, exponiendo presuntos actos de corrupción, nepotismo y violaciones a la ley de seguridad pública.
El mensaje, dirigido al presidente municipal Ismael Burgueño Ruíz, señala que los elementos de la corporación han sido ignorados en sus reclamos y que los nombramientos dentro de la Policía Comercial han respondido a intereses políticos más que a criterios de capacidad y legalidad.
Uno de los principales señalados es Palomares Gallegos, quien, según la denuncia, ocupa un alto cargo sin cumplir con los requisitos de control y confianza. Se le acusa de haber sido dado de baja de la Policía Municipal por consumo de drogas y de contar con antecedentes por portación ilegal de armas. A pesar de esto, se asegura que ha sido protegido por Manuel Armas, personaje ligado a la administración municipal y con historial en el ámbito de la seguridad privada.
La denuncia también apunta a que Armas, a pesar de no estar formalmente registrado en la corporación, se encuentra armado y ejerciendo funciones de escolta con un sueldo del erario público sin transparencia sobre su origen.
Uno de los señalamientos más graves es que dentro de la Policía Comercial existen elementos sin academia ni exámenes de control y confianza, lo que constituye una violación a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California. Además, se menciona que Palomares Gallegos se niega a acudir a Mexicali para someterse a dichas evaluaciones por temor a que se evidencien irregularidades en su historial.
Ante estas denuncias, se exige la intervención de la Síndico Procuradora para iniciar una investigación y garantizar que la Policía Comercial opere bajo los principios de legalidad, transparencia y profesionalismo.
La pregunta es clara: ¿actuarán las autoridades o seguirán permitiendo que estas prácticas sigan manchando a la institución?
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