Tijuana, B.C. – Lo que debía ser un refuerzo a la seguridad en Baja California se ha convertido en una fuente de extorsión y abuso para la ciudadanía. Elementos de la Guardia Nacional, cuya misión principal es combatir al crimen organizado y prevenir delitos, han sido señalados por actuar fuera de sus facultades, enfocándose en prácticas que generan miedo e indignación entre los tijuanenses y habitantes de todo el estado.
Desde su llegada, múltiples testimonios han denunciado que algunos elementos de la corporación han dejado de lado la lucha contra homicidios, robos y extorsiones para centrarse en obtener dinero fácil mediante acciones que rayan en la ilegalidad. Entre las quejas más recurrentes está la detención arbitraria de automovilistas, a quienes revisan exhaustivamente en busca de cualquier motivo para sancionarlos, incluso por faltas administrativas que no les corresponden, como la verificación de licencias de conducir, pólizas de seguro y otras normativas que competen exclusivamente a las autoridades de tránsito.











Extorsiones y robos: una constante en las denuncias
Pero los abusos no se limitan al hostigamiento en las calles. Ciudadanos han exhibido en redes sociales y medios locales casos en los que elementos de la Guardia Nacional han sido sorprendidos robando pertenencias a transeúntes, tomando dinero de los automovilistas durante las revisiones e incluso hurtando artículos en tiendas de conveniencia como Oxxo. Otros reportes más alarmantes indican que algunos agentes han llegado al extremo de “cobrar derecho de piso” a personas involucradas en actividades ilícitas, permitiendo que sigan operando en lugar de detenerlas y presentarlas ante la justicia.
¿Seguridad o impunidad?
La inconformidad crece, y con ella el reclamo de los ciudadanos que piden que la Guardia Nacional se dedique realmente a su labor de combatir al crimen organizado y brindar seguridad en el estado, en lugar de convertirse en una nueva amenaza para la población.
Hasta el momento, no ha habido una postura oficial que atienda de manera contundente estas denuncias. Sin embargo, la gente de Baja California ya no solo teme a la delincuencia común, sino también a aquellos que deberían protegerlos y que, en lugar de hacerlo, han encontrado en la intimidación y la corrupción un negocio redondo.
















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